La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, participó el pasado 17 de marzo en el Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea, celebrado en Bruselas, donde defendió la necesidad de dar “una respuesta urgente y coordinada a favor de una descarbonización más coherente y rápida” que permita a la UE alcanzar la autonomía energética y beneficiar a los ciudadanos.
“La invasión de Ucrania ha revelado la necesidad de acelerar la transición ecológica para reducir dependencia energética y ganar en seguridad”, señaló la vicepresidenta, quien explicó que la situación actual “cambia el modo en que debemos afrontar el paquete Fit for 55”, que hoy ha centrado buena parte de la discusión de los ministros de Medio Ambiente y Clima, que “no sólo debe ser eficaz sino socialmente aceptable”. Ribera dijo que se debe llegar a junio con propuestas cerradas “con incidencia real y en positivo en la vida de los ciudadanos”.
En la negociación de este paquete legislativo hay que prestar atención a los aspectos sensibles que generan tensión en nuestros ciudadanos, como ocurre en España. En este sentido, Ribera explicó que “los ciudadanos sienten la necesidad de avanzar en la agenda verde, pero al mismo tiempo están preocupados por las distorsiones en el mercado energético”.
Ribera insistió en que la respuesta que la Unión Europea dé a esta crisis debe entender las distintas realidades de los Estados miembros, para no agravar las diferencias entre éstos sino, al contrario, impulsar la igualdad de condiciones y oportunidades a las industrias y ciudadanos independientemente del país en que se encuentren.
UN FIT FOR 55 CON BENEFICIOS PARA LOS CIUDADANOS
En este nuevo contexto, Ribera defendió que hay que “modular algunos aspectos del paquete”, como la ampliación del régimen de comercio de derechos de emisión a los sectores del transporte y la edificación. Así, expresó las dudas de España con respecto al diseño, el calendario y la eficacia de la medida. Por tanto, dijo, “debemos ver cómo mejorarlo, pero sin precipitarse para evitar distorsiones adicionales”.
“En un momento en el que una gran parte de los Estados miembros y la Comisión avalan la conveniencia de reducir la fiscalidad de los combustibles fósiles o facilitar las ayudas de estado para el empleo de combustibles fósiles dando la impresión de que puede haber algún tipo de regresión, resulta extraño pensar que imponer una señal de precio puede servir para orientar las inversiones”, subrayó.
Por el contrario, hay otros elementos positivos y no cuestionados en los que sí podemos avanzar y acelerar, como son el despliegue de renovables, el impulso al vehículo eléctrico y el aumento de la eficiencia y el ahorro energético en edificios.
CÓMO FINANCIAR LA TRANSFORMACIÓN VERDE
Asimismo, la vicepresidenta defendió que hay que trabajar en cómo financiar esta transformación verde, asegurando un espacio fiscal y mecanismos de ayuda para minimizar los impactos sociales como ya ha hecho España, al tiempo que hay que explorar el papel que puede jugar el Banco Europeo de Inversiones con mecanismos de garantía financiera para ayudar en el despliegue general de la inversión privada y microinversiones en estos ámbitos.
En relación al sistema europeo de comercio de derechos de emisión (ETS), España defiende la necesidad de revisar el mecanismo de control de precios de CO2 que permita responder a situaciones como la actual, en la que se está viviendo un alza de precios en muy corto plazo que puede perjudicar la capacidad de respuesta de la industria europea. “Es necesario reducir la volatilidad del mercado ETS para permitir a las instalaciones planificar sus inversiones y la compra de derechos de emisión”, señaló.
Además, España ha reiterado su posición con respecto a los objetivos de sumideros de CO2 recogidos en el paquete Fit for 55. La propuesta de la Comisión parte del concepto de que la capacidad de absorción es la misma en cualquier territorio europeo, independientemente de las condiciones biofísicas, y asigna a España un objetivo adicional independiente de sus condiciones climáticas. Una situación que choca con el último informe del IPCC del que se desprende que en las próximas décadas nuestro territorio no sólo sufrirá temperaturas más elevadas, sino también sequias más intensas, más largas y frecuentes, al tiempo que el aumento de la sequedad y la temperatura incrementarán, a su vez, el riesgo de grandes incendios forestales.
