Dolores Huerta, Directora General de GBCE
La renovación energética de edificios es una de las principales estrategias para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar la eficiencia energética en la Unión Europea. La revisión de la Directiva Europea de Eficiencia Energética de los Edificios (DEEEE), que debe transponerse antes de mayo de 2026, pone sobre la mesa objetivos muy ambiciosos para conseguir que todo nuestro parque construido alcance la neutralidad climática en 2050, con objetivos intermedios a 2030 y 2040. Pero, más allá de la obligación que se deriva de la transposición de la directiva, la renovación energética de edificios es una oportunidad para mejorar nuestras viviendas, barrios y ciudades, hacerlas más saludables, bellas, inclusivas y resilientes a los efectos del cambio climático.
Este es el mensaje que se desprende del proyecto ARCE 2050 recientemente presentado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU), que ha recogido el guante de la implementación de la directiva, para llevarlo más allá de una mera transposición y convertirlo en un proyecto de país.
La directiva pone sobre la mesa de los Estados miembros diversos instrumentos para hacer posible la consecución de los objetivos de descarbonización de los edificios, entre ellos uno de los primeros que debe desarrollarse y el que sin duda marcará el futuro de la renovación de edificios en nuestro país es el Plan Nacional de Renovación de Edificios.
El Plan Nacional de Renovación de Edificios (PNRE) es la principal herramienta estratégica que propone la directiva, supone una evolución de la actual Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España (ERESEE) y puede alinear la acción imprescindible tanto de las administraciones públicas en sus tres niveles, como del sector de la renovación de edificios.
El Plan deberá hacer un diagnóstico actualizado del estado de nuestros edificios, y dibujar una trayectoria de intervención en nuestros edificios tanto residenciales como no residenciales, así como describir todas las medidas financieras y de gestión, para asegurar que se consiguen los objetivos.
El Plan deberá incorporar algunos instrumentos que propone la directiva como la incorporación de las normas mínimas de eficiencia energética (MEPS en inglés) para los edificios terciarios, el renovado y mejorado certificado de eficiencia energética, el pasaporte de rehabilitación para fomentar la renovación profunda por etapas o el registro digital de edificios. También deberá dar respuesta a retos como la erradicación de la pobreza energética o el fin de las calderas de combustibles de origen fósil antes de 2040.
El borrador del Plan Nacional de Renovación se enviará a Europa en diciembre de 2025. Hasta entonces, el MIVAU, responsable de su redacción, ya ha avanzado su intención de contar con todos los agentes implicados en un proceso participativo para facilitar que su futura implementación sea un éxito.
Pero el mayor desafío para el futuro de la renovación de edificios no está en las manos del Gobierno, sino en las de la ciudadanía, que sepa entender, apreciar y demandar la mejora de sus viviendas para la mejora de nuestras vidas.
