María José Piccio-Marchetti, Directora general de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid
La rehabilitación de viviendas en la Comunidad de Madrid afronta un periodo crítico para asegurar el bienestar de los madrileños y el cuidado del medio ambiente. Hay que tener en cuenta que el 60% de nuestro parque residencial (1,7 millones) fue construido antes de 1980, año en que entró en vigor la primera normativa de condiciones térmicas de los edificios. Este hecho conlleva que una gran parte de estos inmuebles no cumple con los actuales estándares de eficiencia energética. Si queremos ver la región más verde, tenemos que actuar ya. Es una necesidad.
En este sentido, los fondos Next Generation de la Unión Europea representan una oportunidad, una palanca de impulso a la economía del país y al sector inmobiliario. En la Comunidad de Madrid hemos recibido 161 millones de euros en el año 2021 y calculamos que podremos afrontar la rehabilitación de más de 22.000 viviendas en la región. Pero, además, se ha confirmado una disponibilidad presupuestaria de 194 millones de euros para el año 2022. Con ello, quiero decir que hay recursos suficientes en este momento para que una comunidad de propietarios que decida rehabilitar su finca pueda recibir una importante ayuda con cargo a estos fondos. Un reto ingente a la vez que apasionante por la capacidad transformadora que supone para nuestro parque residencial.
Para incrementar la rehabilitación de viviendas el papel de los poderes públicos solo puede ser incentivador y facilitador: desde la Administración debemos simplificar la tramitación administrativa, establecer una fiscalidad favorable –que atienda a las externalidades positivas de esta actividad- y, además, facilitar su financiación. Del mismo modo, debemos ser capaces de activar la demanda por parte de los usuarios para la mejora de la eficiencia energética de sus viviendas, así como los cortos plazos a los que nos enfrentamos, ya que todas las actuaciones amparadas por estos fondos tendrán que estar comprometidas en el mes de noviembre de 2023 y cualquier obra tendrá que estar terminada en junio de 2026.
Tampoco podemos olvidar nuestra obligación de ser garantes del buen uso de dinero público vía subvenciones. Habrá tanto un control documental en la fase de reconocimiento de la ayuda, como un control material a posteriori de la correcta ejecución conforme a certificado energético y proyecto.
Pero no es suficiente solo con las ayudas o con programas como este, que finalizarán dentro de cuatro años. Debe crearse un sistema transversal de estímulo y un sector especializado, que sean más eficaces en el impulso de la rehabilitación. La existencia de estos fondos debe ser el contexto que nos permita construirlo.
Este artículo forma parte de la sección «Firma invitada» de la revista papel. No te pierdas el anterior publicado en esta sección de Sebastián Molinero, de Andimac.
